Los informes periciales que se están llevando a  cabo para apoyar la reclamación colectiva impulsada por Fenadismer contra las  principales petroleras españolas evidencian que en los últimos 14 años han  venido aplicando un sobreprecio abusivo en el precio de los carburantes  suministrados en las estaciones de servicio.

Los primeros resultados de los informes periciales que se están llevando a cabo por la Plataforma de Afectados por las Petroleras arrojan datos muy contundentes sobre la escandalosa política de sobreprecios en el suministro de carburantes que las principales compañías petrolíferas implantadas en España han venido imponiendo en las estaciones de servicio a sus clientes.

Así, según las primeras estimaciones esta actuación abusiva habría supuesto para los transportistas haber soportado un sobrecoste de más de 15.000 euros por camión en los últimos 14 años, lo que denota la ineficiencia de las petroleras españolas en comparación con sus homólogas europeas, situando a los precios de los carburantes que se aplican en nuestro país entre los más altos de la Unión europea antes de impuestos.

Dichos informes servirán de apoyo para la cuantificación del daño económico soportado que vienen soportando los transportistas españoles en la reclamación judicial que FENADISMER, junto con numerosas organizaciones territoriales  y en colaboración con un importante Fondo de Litigación internacional, ha puesto en marcha para demandar colectivamente contra las principales compañías petrolíferas que operan en España, por su actuación continuada, durante más de una década, de alteración de los precios finales de los carburantes  que se venden en nuestro país, lo que se ha venido a llamar coloquialmente como el “Cártel de las Petroleras”.

La reclamación “multimillonaria” tiene su fundamento en las actuaciones de vigilancia llevadas a cabo por la Comisión Nacional de la Competencia durante los últimos años, dando lugar a una primera Resolución sancionadora en julio de 2009 contra las tres principales petroleras que operan en España (Repsol, Cepsa y BP), que posteriormente fue confirmada por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Durante los siguientes años, la CNMC a través de sucesivas Comisiones de Vigilancia constituidas al efecto han venido confirmando que dichas prácticas restrictivas de la competencia se han seguido produciendo hasta la actualidad.